La vivienda asequible es una cuestión actual y candente que afecta a la ciudadanía y despierta sentimientos y opiniones sensibles. En ocasiones, la opinión publicada presenta la situación como un falso debate, como cuando se refiere a esta cuestión oponiendo el derecho de los ciudadanos al “negocio de algunos”.
Es importante recordar que los expertos consideran que, actualmente, en Cataluña hacen falta 160.000 viviendas debido a la evolución demográfica y a la estructura familiar que está cambiando rápidamente. La producción actual es de 12.000 viviendas anuales. Por lo tanto, existe un alarmante déficit de oferta, lo cual es un factor que genera tensiones en el mercado, aunque algunos no lo quieran reconocer.
La dedicación de recursos a la vivienda asequible en el Estado Español representa el 1,2% de los presupuestos públicos, mientras que en los Estados de la CEE representa el 9,3 %. Falta financiación, y los programas de los diferentes grupos políticos obvian la cuestión, proponiendo soluciones utópicas e ineficaces.
El tiempo de maduración de un proyecto de construcción de vivienda pública es largo. Esta situación exige medidas que deben ser consensuadas por los grupos políticos y los agentes sociales con una visión a largo plazo, ya que las medidas coyunturales suelen ser ineficaces.
Deben asumir que existe un déficit y que las primeras medidas deben incluir un aumento de los recursos destinados a vivienda asequible. Estos recursos deben ser superiores a los indicadores europeos, ya que es necesario recuperar el tiempo perdido y compensar la falta de inversión acumulada. Las medidas deben reconocer que el déficit no puede ser paliado únicamente con recursos públicos y que es necesario promover la colaboración público-privada, canalizando recursos financieros privados.
Las inversiones en viviendas asequibles deben ser financieramente sostenibles y nadie invertirá en proyectos deficitarios. En este escenario, las administraciones deben “fabricar suelo” y fomentar la rehabilitación de edificios obsoletos y la movilización de viviendas en desuso. Además, las administraciones públicas deben establecer y supervisar que los convenios de colaboración público-privada se ajusten al interés general de promover vivienda asequible en condiciones transparentes.
La vivienda asequible, definida como aquella cuyo coste de alquiler no supera el 30% de los ingresos del hogar, debe ser construida y gestionada adecuadamente, y los proyectos deben valorar los costos asociados.
Es necesario proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los distintos agentes mediante una legislación estable en el tiempo, previsible y transparente, algo que actualmente no se está logrando.
