La vivienda se usa como "caballo de batalla" en los períodos electorales. Lo hemos padecido durante años, con un goteo de cambios normativos que generan una inseguridad jurídica que afecta negativamente a la producción y oferta de vivienda en Cataluña. El último ejemplo es la Ley por el Derecho a la Vivienda, publicada en el BOE el 24 de mayo de 2023, que adopta medidas como el tope a los precios del alquiler.
Las tensiones en el mercado residencial de alquiler en España son atribuibles a la falta de vivienda disponible. Las consecuencias del control de alquileres son conocidas en los países donde se han implementado: reducción en la oferta de alquiler, disminución de la construcción o peor calidad de los inmuebles.
El problema que tenemos en Cataluña es que se producen menos viviendas de las que se demandan, y esto provoca tensiones en los precios. La modificación del PGM (Plan General Metropolitano) de Barcelona y la medida del 30% de reserva en HPO (Vivienda de Protección Oficial) muestran ineficiencia en los últimos cambios normativos: según el Ayuntamiento de Barcelona, desde su vigencia solo se han generado 52 viviendas de protección oficial. Las cifras hablan por sí solas.
Se necesitan más recursos para la construcción de vivienda. Los niveles de vivienda social están muy por debajo de la media europea, porque no se han hecho los deberes en 20-25 años. El sector privado ha construido más del 80 % de la vivienda de protección oficial en Cataluña en los últimos 10 años. Se debería haber aplicado políticas pensadas a largo plazo, consensuadas y con inversión suficiente.
La receta es clara: mayor dotación presupuestaria, colaboración público-privada para aumentar el parque público de vivienda, implementar incentivos fiscales a los propietarios para que introduzcan sus viviendas vacías en el mercado de alquiler, o mejorar la seguridad jurídica. El problema de acceso a la vivienda también es de la propiedad, y del acceso de los jóvenes a esta. Es necesario facilitar préstamos a los jóvenes con buenas perspectivas en el mercado laboral o la copropiedad (20% sector público y 80% joven).
Es importante recordar que el sector promotor constructor conforma un ecosistema de empresas compuesto por empresarios, directivos, trabajadores, etc., con un impacto significativo en la economía y la población del territorio donde se ubican. Regular en su contra, no solo afecta su balance, sino que también impacta en el empleo, el progreso y el bienestar de la sociedad catalana.
