Las administraciones públicas competentes deberían liberar suelo calificado que se licitaría bajo un régimen de concesión, de modo que el promotor privado construya, mantenga y administre las viviendas durante un largo período de tiempo. Al final de este período, los inmuebles regresarían a la Administración que cedió el derecho de vuelo.

El plazo de la concesión estaría relacionado con la viabilidad financiera del proyecto. El sistema de licitación debería ser por concurrencia competitiva. Además, los precios del alquiler exigirían cesiones de suelo sin coste, exenciones fiscales y ayudas como las que ya existen, ajustadas a las especificidades de cada caso.

La ciudadanía debe saber que el PIB catalán es del orden de 300.000 millones €/año y que la inversión para construir 100.000 viviendas podría representar 12.000 millones de euros. El último presupuesto de la Generalitat fue de 41.000 millones €.

En los mercados financieros hay capital suficiente para financiar proyectos coherentes y sostenibles. Es necesario movilizar estos capitales con proyectos viables, social y financieramente, ofreciendo seguridad jurídica. Las declaraciones retóricas e indefendibles no son útiles y resultan tóxicas.