La licitación pública en Catalunya creció un 17,4% en el 2025 gracias a la Generalitat, aunque persiste un déficit inversor acumulado de casi 50.000 millones de euros desde el 2009. A pesar de un inicio positivo en el 2026, la baja concurrencia y el aumento de obras de desiertas evidencian la necesidad de actualizar los precios de licitación.
La licitación pública de obras en Catalunya cerró el 2025 con un dato positivo: 4.000 millones de euros licitados, un 17,4% más que el año anterior. El aumento se explicó sobre todo por el impulso de la Generalitat, con un crecimiento del 35,2%, y de la administración local, con un 16,2%. Por el contrario, la Administración central redujo su puja un 6,9% y encadenó tres años consecutivos de descenso, hasta representar sólo el 15,5% del total licitado.
El primer trimestre de 2026 mantiene un cierto tono positivo, con 803,3 millones de euros licitados, un 4,1% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, esta mejora debe interpretarse con prudencia: respecto al cuarto trimestre de 2025, la licitación cae un 31,5% necesario y el volumen total sigue lejos del nivel de infraestructuras.
Un problema recurrente
La cuestión de fondo es que Catalunya no sólo sufre oscilaciones trimestrales o anuales, sino una insuficiencia inversora persistente. Tomando como referencia una intensidad inversora del 2,2% del PIB, el déficit de activación contractual acumulado durante el periodo 2009-2025 se estima en 49.543 millones de euros corrientes, equivalentes a 58.748 millones de euros constantes de 2025. Esta cifra expresa una realidad exigente: lo que no se planificó, licitó y ejecutó cuando tocaba hoy es más caro y más urgente.
También es necesario mejorar la calidad de la contratación. En 2025 la concurrencia volvió a empeorar, con una media de 3,82 licitadores por obra y un 45% de pujas con sólo una o dos ofertas. En el primer trimestre de 2026, este porcentaje desciende al 38%, pero sigue siendo insuficiente. Además, las obras desiertas repuntan en un contexto de incertidumbre y costes tensionados ante la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Por eso, es imprescindible actualizar los precios de licitación antes de salir a concurso y garantizar que los pliegos reflejen la realidad del mercado.
Invertir en infraestructuras es garantizar movilidad, competitividad, seguridad, cohesión territorial, resiliencia climática y calidad de vida. Por eso es necesaria una cultura inversora estable: proyectos maduros, presupuestos realistas, precios actualizados, más transparencia y capacidad de ejecución efectiva. El reto no es celebrar un buen año o buen trimestre, sino convertir la inversión en infraestructuras en una política de país sostenida en el tiempo.
